"LEY PENAL PARA EL DESARME Y EL CONTROL DE MUNICIONES", EL INFORME FUE APROBADO POR LA COMISIÓN DE DEFENSA

Ley Penal para el Desarme y Control de Municiones penalizará a los “gatillo alegre” l

Quien ilícitamente comercialice, importe, exporte o transporte armas de fuego, sus partes, repuestos o municiones será sancionado con prisión de 12 a 16 años (artículo 52). Así mismo, quien modifique la estructura de un arma o sus partes, altere el serial, tendrá de 10 a 12 años (artículo 55)

Jessyca Herrera / Prensa AN

Bajo el nombre de Proyecto de Ley Penal para el Desame y Control de Municiones fue aprobado por la Comisión de Defensa el informe que entrará en la plenaria para su segunda discusión.

Así lo informó el diputado Juan José Mendoza, presidente de esta instancia parlamentaria, quien también explicó que se decidió incluir la palabra “penal” en el nombre del proyecto, ya que se trata de una ley penal que sanciona, tiene la parte sustantiva y adjetiva, procedimientos y disposiciones transitorias, es una ley completamente penal y como tal lleva el nombre.

Tiene como objetivo “establecer las normas que rigen el desame, la recuperación y el control de las armas y municiones que lícita o ilícitamente se encuentren en el territorio y demás espacios geográficos de la República, así como tipifica y sanciona los hechos ilícitos que deriven de esta materia”.

Este proyecto de ley, que vendría a derogar la del año 2002, establece un conjunto de definiciones que viene a cubrir un vacío legislativo en esta materia, sobre todo en el campo de los conceptos, como: pote, partes, municiones, arma ilícita, desarme, tenencia, repuestos, recuperación, entre otras.

Destacan en la estructura de la ley dos temas fundamentales: uno, lo que tiene que ver con la recuperación de armas y municiones, y por otro lado castiga el porte ilícito. “Pero previendo cómo va a hacerse esa fase de desarme y de recuperación de armas en manos de la población civil, teniendo como premisa que constitucionalmente existen las armas de guerra, las cuales sin indemnización ni proceso las recupera el Estado porque tiene la potestad y el uso de las armas de guerra”.

En este sentido, el artículo 13 determina el registro de las armas ante las autoridades. “Toda persona natural o jurídica que, sin estar involucrada en los supuestos de tráfico ilícito, posea armas de fuego, tiene el deber de registrarlas ante la Dirección General de Armas y Explosivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, conforme al cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos respectivos”.

Mendoza señala la otra clasificación que constitucionalmente está contemplada en el artículo 324, habla de otras armas. “Sobre esas armas tienen que venir los controles de recuperación y de las municiones respectivas. Existe un procedimiento, sanciones y unas disposiciones transitorias que establecen 180 días para ir a revisar todas las armas y establece algunas normas que tienen que ver con el almacenamiento, trasporte, el uso de las galerías de tiro, el control de las municiones”.

Todas estas medidas hacen del proyecto una ley penal bien completa, a fin de lograr, progresivamente, un desarme de la población venezolana, señaló el diputado.

Sanciones

Informó que la pena básica radica en 11 años para el porte ilícito de armas, aparte de los aumentos por alguna circunstancia agravante.

Por ejemplo, quien ilícitamente comercialice, importe, exporte o transporte armas de fuego, sus partes, repuestos o municiones será sancionado con prisión de 12 a 16 años (artículo 52). Así mismo, quien modifique la estructura de un arma o sus partes, altere el serial, tendrá de 10 a 12 años (artículo 55). Como muy importante, destacó Mendoza a los “gatillo alegre”: quien use imprudentemente un arma será sancionado con multa de 200 a 500 UT (artículo 62).

Finalmente, recalcó que en materia de sanciones, los medios de comunicación también tienen la obligación de difundir programas educativos que estimulen el no uso de las armas de fuego o de municiones. “Recordemos que hay programación en los canales, donde la fórmula de convivencia es sustituida con el uso de las armas y eso, digamos, desencaja la formación que debe tener un joven o adolescente”. Los medios serán multados, en caso de infringir la normativa, de cinco mil a diez mil UT, según lo estipulado en el artículo 72.

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